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El Real Decreto 723/2026, de 15 de septiembre, introduce nuevas obligaciones para las empresas en relación con la información que deben facilitar a sus trabajadores sobre las condiciones de su relación laboral.

La nueva norma desarrolla el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores y amplía considerablemente la información que debe recibir la persona trabajadora sobre aspectos esenciales de su contrato y sobre las condiciones en las que desarrolla su trabajo.

El Real Decreto entrará en vigor el 5 de octubre de 2026 y sustituirá al actual Real Decreto 1659/1998. Será aplicable, con carácter general, a las empresas y trabajadores incluidos en el Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué información deberá facilitar la empresa?

La empresa deberá informar por escrito a los trabajadores sobre los principales elementos de su relación laboral. Esta obligación se considera cumplida cuando toda la información ya aparece en el contrato de trabajo entregado al trabajador. Si el contrato no contiene todos los datos exigidos, deberá facilitarse por escrito la información que falte.

Entre la información que deberá facilitarse se encuentra:

  • La identidad de la empresa y del trabajador, la fecha de inicio y, cuando corresponda, la duración del contrato.
  • El centro o centros de trabajo en los que se desarrollará la actividad y, en su caso, las condiciones del trabajo a distancia.
  • El contenido del puesto de trabajo y, en los contratos temporales, la causa que justifica la contratación.
  • La categoría o grupo profesional y una descripción del puesto.
  • El salario, incluyendo el salario base, los complementos, su periodicidad y forma de pago, así como el sistema de cálculo de los conceptos variables.
  • La jornada y su distribución, incluyendo el trabajo nocturno o a turnos, las horas extraordinarias, las vacaciones y, cuando exista, la distribución irregular de la jornada.
  • La duración y condiciones del periodo de prueba.
  • El derecho a la formación proporcionada por la empresa.
  • El convenio colectivo aplicable y los datos necesarios para identificarlo.

También deberán comunicarse determinados aspectos de la empresa

La nueva regulación incorpora además algunas cuestiones que hasta ahora no tenían que aparecer necesariamente en esta información.

Entre ellas destaca la obligación de informar sobre la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados que intervengan en decisiones relacionadas con las condiciones de trabajo, como la distribución de la jornada, la asignación de tareas, los salarios o la progresión profesional.

También deberá informarse, cuando corresponda, sobre el plan de igualdad, las políticas de conciliación, el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo y las medidas destinadas a garantizar la igualdad de las personas LGTBI.

Asimismo, deberá facilitarse información sobre el sistema de colaboración de la empresa con la Seguridad Social y, en su caso, sobre las mejoras voluntarias de la acción protectora, planes de pensiones y aportaciones realizadas.

La información podrá entregarse en papel o por medios electrónicos

La empresa podrá facilitar esta información en papel o en formato electrónico, siempre que el trabajador pueda acceder a ella, almacenarla e imprimirla.

Además, la empresa deberá conservar una prueba de que la información ha sido transmitida o recibida. En el caso de trabajadores con discapacidad o con capacidad intelectual límite, deberá garantizarse que la información sea accesible y comprensible.

Cuando se produzca una modificación de las condiciones de la relación laboral, la información deberá facilitarse lo antes posible y, como máximo, el mismo día en que el cambio entre en vigor.

¿Qué ocurre con los trabajadores que ya están contratados?

La nueva obligación también afecta a las relaciones laborales que ya estén vigentes cuando entre en vigor el Real Decreto.

En estos casos, el trabajador podrá solicitar a la empresa la información que le corresponda si todavía no la tiene. La empresa dispondrá de un plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud para facilitarla.

El SEPE deberá publicar, además, un modelo de documento informativo que servirá de referencia para que las empresas puedan cumplir estas nuevas obligaciones. No obstante, la obligación será exigible desde la entrada en vigor del Real Decreto, aunque el modelo todavía no se hubiera publicado.

En definitiva, a partir del 5 de octubre de 2026 las empresas deberán revisar la información que entregan a sus trabajadores y comprobar que sus contratos y documentos laborales contienen todos los datos exigidos por la nueva normativa.

Desde Gestoría Henares podemos ayudarte a revisar y adaptar la documentación laboral de tu empresa a las nuevas obligaciones.

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Posted by: Gestoría | 22/10/2026

Cómo seguir cobrando el paro siendo autónomo

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Las personas que están cobrando la prestación contributiva por desempleo y quieren iniciar una actividad por cuenta propia pueden, en determinados casos, seguir cobrando el paro mientras comienzan su actividad como autónomos.

Esta posibilidad permite disponer de unos ingresos durante los primeros meses del negocio, cuando todavía puede resultar difícil obtener unos ingresos suficientes.

¿Cuánto tiempo se puede cobrar el paro siendo autónomo?

La prestación puede compatibilizarse con el trabajo por cuenta propia durante un máximo de 270 días, es decir, nueve meses, o durante el tiempo que quede pendiente de cobrar si es inferior.

Durante este periodo se continúa percibiendo la prestación por desempleo en la misma cuantía que estuviera reconocida, sin que el hecho de comenzar la actividad como autónomo reduzca por sí mismo el importe.

Eso sí, esta posibilidad debe solicitarse dentro del plazo de 15 días desde el inicio de la actividad por cuenta propia.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Esta opción está dirigida a quienes estén percibiendo una prestación contributiva por desempleo y comiencen una actividad como trabajador autónomo.

Además, existen determinados supuestos en los que la compatibilidad no es posible, por lo que es importante comprobar previamente la situación concreta del trabajador.

También debe tenerse en cuenta que la solicitud de compatibilidad debe realizarse dentro del plazo establecido. No solicitarla a tiempo puede suponer la pérdida de esta posibilidad.

¿Y si en lugar de cobrar el paro se quiere recibir todo de una vez?

Existe otra alternativa: la capitalización de la prestación por desempleo, conocida habitualmente como “pago único”.

En este caso, en lugar de recibir mensualmente la prestación mientras se desarrolla la actividad, se puede solicitar el importe pendiente para destinarlo a la puesta en marcha del negocio y, en determinados casos, a otros gastos vinculados a la actividad.

Por tanto, una persona que quiera hacerse autónoma y esté cobrando el paro debe valorar qué opción le interesa más: seguir cobrando mensualmente la prestación durante los primeros meses de actividad o solicitar su capitalización.

Una decisión que conviene tomar antes de empezar

La elección entre compatibilizar el paro y el trabajo como autónomo o solicitar el pago único dependerá de las circunstancias de cada persona, de la inversión necesaria para comenzar el negocio y de la previsión de ingresos durante los primeros meses.

Además, es importante realizar correctamente y en plazo los trámites de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, así como la solicitud correspondiente ante el SEPE.

Por ello, antes de iniciar una actividad por cuenta propia, es recomendable estudiar las distintas opciones disponibles para aprovechar la prestación por desempleo y evitar perder derechos por no realizar alguno de los trámites dentro del plazo establecido.

Si estás cobrando el paro y estás pensando en hacerte autónomo, en Gestoría Henares podemos ayudarte con los trámites de alta y asesorarte sobre las opciones disponibles.

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Gestoría Henares vivienda

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha aclarado cómo debe aplicarse la exención por reinversión en vivienda habitual cuando uno de los cónyuges vende una vivienda que es de su propiedad exclusiva y el dinero obtenido se destina a comprar una nueva vivienda habitual con carácter ganancial.

La cuestión es importante porque, en estos casos, no siempre podrá considerarse reinvertido a efectos fiscales el 100% del dinero obtenido por la venta.

¿Qué ocurre en estos casos?

Imaginemos que uno de los cónyuges es propietario de una vivienda con carácter privativo. La vende y obtiene, por ejemplo, 200.000 euros.

Posteriormente, el matrimonio compra una nueva vivienda por importe de 350.000€ que pasa a formar parte de la sociedad de gananciales, es decir, pertenece a ambos cónyuges por igual: 175.000€ cada uno.

Aunque el cónyuge que vendió su vivienda haya aportado los 200.000 euros para comprar la nueva, el TEAC considera que, a efectos de la exención por reinversión en el IRPF, solo podrá tenerse en cuenta la parte correspondiente a su porcentaje de titularidad en la nueva vivienda.

Por tanto, si la nueva vivienda se adquiere con carácter ganancial y no se atribuyen expresamente porcentajes diferentes, a efectos del IRPF se considera que cada cónyuge adquiere el 50% de la vivienda.

En consecuencia, el cónyuge que vendió su vivienda privativa solo podrá considerar como importe reinvertido, a efectos de la exención, la parte correspondiente a ese 50%, aunque haya sido él quien haya aportado todo el dinero obtenido con la venta; en nuestro caso serían 175.000€ aunque haya aportado 200.000€

 

¿Por qué es importante?

La exención por reinversión en vivienda habitual permite evitar la tributación de la ganancia patrimonial obtenida por la venta de una vivienda habitual cuando el importe obtenido se reinvierte en la adquisición de una nueva vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

El nuevo criterio del TEAC obliga a prestar especial atención a quién es titular de la vivienda que se vende y quién lo es de la nueva vivienda, ya que la cantidad que puede beneficiarse de la exención estará relacionada con la participación que el contribuyente adquiere en la nueva vivienda.

El TEAC ha fijado este criterio mediante una resolución de 13 de julio de 2026, con carácter de unificación de criterio.

Por ello, antes de vender una vivienda habitual y planificar la compra de otra, especialmente en el caso de matrimonios en régimen de gananciales, es recomendable estudiar previamente la operación y sus consecuencias fiscales.

Si estás pensando en vender tu vivienda habitual y comprar otra, en Gestoría Henares podemos ayudarte a analizar la operación y sus consecuencias fiscales antes de realizarla.

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Gestoría Henares factura

Las empresas y los autónomos dispondrán de más tiempo para adaptar sus programas de facturación a los nuevos requisitos de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de retrasar hasta octubre de 2028 la aplicación de las obligaciones pendientes de VERI*FACTU.

¿Cuándo será obligatorio VERI*FACTU?

Hasta ahora, las fechas previstas eran:

  • 1 de enero de 2027: para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
  • 1 de julio de 2027: para los autónomos y el resto de obligados.

Con el nuevo anuncio, Hacienda pretende trasladar ambas fechas a octubre de 2028.

No obstante, es importante señalar que este aplazamiento todavía debe aprobarse mediante la correspondiente modificación normativa. Hasta entonces, las fechas de 2027 continúan legalmente vigentes.

¿Por qué se retrasa nuevamente?

El objetivo es coordinar la implantación de VERI*FACTU con la nueva obligación de emitir facturas electrónicas entre empresas y profesionales.

De esta forma, se pretende evitar que los negocios tengan que modificar sus programas informáticos dos veces en un periodo relativamente corto, con los consiguientes gastos de adaptación.

VERI*FACTU y factura electrónica no son lo mismo

Aunque ambas obligaciones están relacionadas con la facturación, tienen finalidades diferentes:

  • VERI*FACTU: establece los requisitos que deben cumplir los programas de facturación para garantizar que los registros sean seguros, trazables y no puedan modificarse indebidamente.
  • Factura electrónica: regula la emisión y el intercambio de facturas en formato electrónico entre empresarios y profesionales.

La factura electrónica ya cuenta con un calendario de implantación: el 6 de octubre de 2027 para empresas y profesionales con un volumen de operaciones superior a ocho millones de euros y el 6 de octubre de 2028 para el resto, con carácter general.

¿Qué deben hacer ahora empresas y autónomos?

Este nuevo aplazamiento supone un mayor margen para adaptarse, pero no significa que desaparezca la obligación de utilizar programas de facturación que cumplan los requisitos legales.

Por ello, antes de contratar o renovar un programa de facturación, es recomendable comprobar que podrá adaptarse tanto a VERI*FACTU como a la factura electrónica obligatoria.

En definitiva, aunque Hacienda ha anunciado un nuevo retraso, la digitalización de la facturación sigue adelante. Lo aconsejable es aprovechar este tiempo para preparar los cambios sin realizar inversiones precipitadas.

Desde Gestoría Henares seguiremos informando de las novedades y de la aprobación definitiva de los nuevos plazos.

Si necesitas asesoramiento sobre tus obligaciones fiscales y de facturación, puedes solicitarnos presupuesto a través de nuestra página web.

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Gestoría Henares maquinaria

Las personas trabajadoras con una discapacidad igual o superior al 45 % pueden jubilarse antes de la edad ordinaria de jubilación si cumplen determinados requisitos.

Esta posibilidad está prevista para aquellas personas cuya discapacidad se debe a alguna de las enfermedades o patologías incluidas en la normativa, por considerar que pueden suponer una reducción significativa de la esperanza de vida.

¿A qué edad pueden jubilarse?

Si se cumplen los requisitos establecidos, es posible acceder a la jubilación desde los 56 años, sin necesidad de esperar a la edad ordinaria de jubilación.

Esta modalidad puede aplicarse tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos incluidos en los correspondientes regímenes de la Seguridad Social.

Es necesario acreditar la discapacidad

Uno de los requisitos es haber tenido reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 45 % durante, al menos, cinco años.

Además, deben cumplirse los periodos mínimos de cotización exigidos para poder acceder a una pensión de jubilación.

El grado de discapacidad puede ser consecuencia de una o varias enfermedades. No es necesario que una única patología alcance por sí sola el 45 %, aunque deben cumplirse las condiciones previstas respecto de las enfermedades que permiten acceder a esta modalidad de jubilación.

¿Cómo se demuestra cuándo comenzó la enfermedad?

En algunos casos, una persona puede padecer una enfermedad desde hace muchos años, pero haber obtenido el reconocimiento oficial de su discapacidad en una fecha posterior.

Para facilitar el acceso a esta jubilación, la normativa permite acreditar la fecha en la que comenzó o se manifestó la enfermedad mediante los correspondientes informes médicos.

Por otro lado, el grado de discapacidad deberá acreditarse mediante el certificado expedido por el órgano competente de la comunidad autónoma o por el IMSERSO.

Una opción que conviene revisar

La jubilación anticipada por discapacidad tiene una regulación diferente de la jubilación anticipada ordinaria y, en general, no supone las penalizaciones o coeficientes reductores que se aplican en otras modalidades.

Por ello, las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad y se encuentren próximas a la edad de jubilación deberían revisar si cumplen los requisitos para acceder a esta modalidad.

La edad, el grado de discapacidad, las enfermedades que han dado lugar a su reconocimiento y los años cotizados son algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta antes de presentar la solicitud.

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