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El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. En estos casos, durante los periodos de inactividad, el trabajador puede acudir al SEPE y solicitar su prestación por desempleo correspondiente.

Sin embargo, hay muchos trabajadores que se autodenominan «fijos discontinuos», porque trabajan solo durante unos meses del año; siempre los mismos.

En estos casos, en los que el periodo de actividad se repite cada año, no es imprevisto, y afecta a la actividad natural y ordinaria de la empresa, lo correcto no es: ni formalizar un contrato temporal, ni un fijo discontinuo, sino un contrato indefinido a tiempo parcial.

En estos casos, si la distribución del tiempo de trabajo se realiza de manera que el empleado trabaja de forma concentrada sólo unos meses al año, la empresa deberá mantenerlo en alta y cotizar por él a lo largo de todo el año.

Para determinar la base de cotización, habrá de computar, al celebrarse el contrato y al inicio de cada año natural, el total de la retribución que el empleado vaya a percibir durante el mismo, y a continuación dividirá dicho total entre 12 meses. La base por lo tanto, será independiente de la cantidad percibida durante los periodos de actividad.

Si al final del ejercicio existieran diferencias entre el total cobrado y la base sobre la que se ha cotizado, éstas deberán regularizarse a través de una liquidación complementaria, efectuando el pago en el mes de enero (o en el mes siguiente a aquel en que se extinga el contrato). Y si se ha cotizado de más, la empresa podrá solicitar la devolución de las cuotas ingresadas indebidamente.

Es importante por tanto, saber que: si la necesidad de trabajo se repite en el tiempo y en fechas ciertas, se debe firmar un contrato indefinido a tiempo parcial. La cotización deberá prorratearse en doce mensualidades, aunque el salario se pague sólo durante los meses de prestación efectiva.

Y si el contrato del trabajador es indefinido a tiempo parcial, una vez haya realizado el periodo de parcialidad convenido, no se generará situación legal de desempleo pues no se encuentra en situación de desempleo total ni parcial, y por tanto, no tendrá derecho a la prestación por desempleo durante el periodo de inactividad.

Lo mismo ocurre con los trabajadores jubilados a tiempo parcial que suscriben con la empresa un contrato a tiempo parcial por la parte de jornada que realizan.

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En caso, y solo en este caso (*), en el que un contribuyente es propietario de un inmueble y éste se encuentra alquilado, podrá deducir en Renta de su rendimiento obtenido por el alquiler, gastos en los que ha incurrido durante el periodo alquilado, como: totalidad los impuestos y recargos no estatales, tasas de basura, seguros, comunidad de propietarios, gastos de ascensor, IBI, etc. y además de todos éstos: la amortización del inmueble.

La  amortización del inmueble se calcula aplicando un 3% anual al coste de adquisición o valor catastral de la edificación , el mayor de los dos.

El problema surge cuando la adquisición del inmueble alquilado lo fue vía donación o herencia.

Hasta la Sentencia del Tribunal Supremo número 1130/2021 de 15 de septiembre, se venía interpretando por la Agencia Tributaria, que el «coste de adquisición» en casos de donación o herencia, estaba compuesto exclusivamente de los gastos y tributos satisfechos para su adquisición y por tanto, siempre se utilizaba como base de cálculo de las cantidades a deducir en concepto de amortización, el valor catastral sin incluir el suelo, al resultar mayor que el coste de adquisición satisfecho, constituido por los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

Sin embargo, en dicha Sentencia, el Tribunal considera que el «coste de adquisición satisfecho» se aplica tanto para las adquisiciones onerosas como gratuitas, y, para ambos, debe comprenderse el valor del propio bien cuya determinación se hace depender en cada caso de la propia característica de la forma de adquisición: en las adquisiciones a título oneroso será el valor real del bien, y en las gratuitas el importe real del valor, determinado según las normas del ISD, esto es, el consignado en la escritura de donación o de adquisición de la herencia o el comprobado por la Administración.

(*) Según STS 1302/2020 de 25 de febrero de 2021, establece que los gastos asociados a bienes inmuebles destinados a ser arrendados, son deducibles única y exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y generaron rentas, en la proporción que corresponda. En dicha Sentencia se fijó como doctrina legal la siguiente: “Conforme al art. 85 Ley IRPF, las rentas procedentes de bienes inmuebles, que no se encuentran arrendados ni subarrendados, pero que están destinados a serlo, tributan como rentas imputadas. Y según el art. 23.1 Ley IRPF, los gastos asociados a dichos bienes inmuebles deben admitirse como deducibles única y exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y generaron rentas, en la proporción que corresponda”.

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Posted by: Gestoría | 19/11/2021

Cambios en las sanciones de Laboral

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El 1 de octubre de 2021 han entrado en vigor los cambios en las sanciones recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), consecuencia de la modificación realizada en su artículo 40 por la DF 1.2 de la Ley de Trabajo a Distancia (Ley 10/2021.

Dicha modificación supone un incremento del 20% en el importe de todas las sanciones laborales previstas en la LISOS y este nuevo marco sancionador se aplicará solamente a infracciones cometidas a partir del 1 de octubre de 2021, ya que la disposición final 1.2 de la Ley 10/2021 establece expresamente la irretroactividad, por lo que las infracciones en el Orden Social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la actual reforma se sancionarán conforme a las cuantías anteriores.

Las principales infracciones y sanciones en el Orden Social, se pueden dividir en las tres materias siguientes:

  1. Relaciones laborales individuales y colectivas
  2. Seguridad Social
  3. Prevención de Riesgos Laborales

El incumplimiento de alguna de las normas de cada una de estas materias, da lugar a una infracción que puede ser calificada como Leve, Grave o Muy grave. Las sanciones que corresponden a cada calificación dependen de la materia incumplida, siendo la mínima sanción de 45€ y la máxima de 983.736€.

Ejemplos de cada una de ellas serían:

1.-  No exponer en lugar visible el calendario laboral o no entregar puntualmente el recibo de nómina, o no formalizar por escrito el contrato de trabajo o aplicar unilateralmente por el empleador modificaciones sustanciales de las condiciones laborales.

2.- No conservar durante 4 años la documentación de altas, bajas, etc; no transmitir los partes médicos; iniciar la actividad sin comunicar el alta en la SS; no ingresar cuotas de los seguros sociales, incumplir requisitos de la acción formativa; incrementar bases de cotización indebidamente, etc.

3.- Incumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos; no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, actualizaciones, revisiones y controles periódicos de las condiciones de trabajo y actividad; no realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores; superar los límites de exposición a agentes nocivos que originen riesgos de daños sin adoptar medidas preventivas adecuadas, etc.

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Posted by: Gestoría | 16/11/2021

Valor de referencia catastral para inmuebles

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La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, publicada en el BOE el pasado 10 de julio, establece un nuevo valor de referencia para bienes inmuebles, que sustituirá al valor real a los efectos de determinar la base imponible en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y también en el Impuesto sobre Patrimonio.

El Valor de Referencia, será determinado por la Dirección General del Catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante fedatario público, en función de las características catastrales de cada inmueble, y no superará el valor de mercado, al aplicársele un factor de minoración en su determinación (0,9).

El valor de referencia de cada inmueble servirá como base imponible de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

No obstante, si el valor declarado, el precio o la contraprestación pagada son superiores al valor de referencia del inmueble, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes.

Así, el valor de referencia del inmueble será la base mínima de tributación en estos impuestos.

Los valores de referencia individualizados estarán disponibles en la Sede Electrónica del Catastro en 2022, una vez tramitado el procedimiento para su determinación, de acuerdo con lo previsto en la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

En dicha Sede, los titulares catastrales también podrán conocer los elementos que se han aplicado en la determinación individualizada del valor de referencia de sus inmuebles.

Así mismo, a partir de 2022, los valores de referencia serán facilitados a través de la Línea Directa del Catastro (teléfonos de atención telefónica 91 387 45 50 y 902 37 36 35) y en las Gerencias del Catastro, a las que se podrá acudir previa petición de cita en los señalados teléfonos.

Diferencias entre el valor catastral y el valor de referencia de los inmuebles urbanos

El valor catastral de los inmuebles se actualiza, en su caso, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y sirve de base imponible al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Es un dato protegido, por lo que no se publica, y su revisión se produce, en el caso de inmuebles urbanos, en el marco de procedimientos de valoración colectiva.

El valor de referencia de los inmuebles urbanos se determinará año a año, de forma simultánea en todos los municipios, y servirá de base imponible a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y sobre Sucesiones y Donaciones. No estará protegido, y se publicará de forma permanente en la Sede Electrónica del Catastro.

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El 16 de mayo de 2020, se publicó en el BOE la Orden SND 413/2020, de 15 de mayo, en la que se ampliaba la prórroga de validez del certificado de inspección técnica periódica de los vehículos.

Así, el plazo de validez de los certificados de inspección técnica periódica de los vehículos cuya fecha de próxima inspección se encontrara comprendida en el periodo de vigencia del estado de alarma, se amplió en quince días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio del estado de alarma hasta que se hubiera producido el vencimiento del certificado, de la siguiente forma:

En dicha Orden, también se estableció, en su apartado Segundo, que una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyos certificados hubiesen sido objeto de prórroga automática, para la cumplimentación de la fecha hasta la que es válida la inspección en las tarjetas ITV se debía tomar como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computaría, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas.

Pues bien, dicho apartado Segundo ha sido anulado por el Tribunal Supremo, al considerar que vulnera el ordenamiento jurídico y el Derecho de la Unión Europea.

Por un lado, se aparta de lo previsto por el artículo 6 del Real Decreto 920/2017, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, que establece que el plazo de validez se computará a partir de la fecha en la que el resultado de la inspección fuera favorable, y por otro, recuerda que el Reglamento (UE) 698/2020 prorrogó por 7 meses la validez de las inspecciones que hubieran debido realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2020 y que no contempla el acortamiento de los plazos de validez.

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