Gestoría Henares conciliación

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, modifica, con efectos desde 1 de enero de 2023, el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

De acuerdo con la nueva redacción, las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, que en el momento del nacimiento del menor perciban prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección de desempleo, o que en dicho momento o en cualquier momento posterior estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad con un período mínimo, en este último caso, de 30 días cotizados, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años hasta que el menor alcance los tres años de edad.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro Civil.

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Posted by: Gestoría | 23/11/2022

Beneficios en la cotización de autónomos

Gestoría Henares embarazada

Los trabajadores incluidos en el RETA tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida, el tipo de cotización para contingencias comunes vigente en cada momento, excluido el correspondiente a la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en el citado Régimen Especial, en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado de menores de doce años que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

c) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, cuando dicha discapacidad esté debidamente acreditada, siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida.

El cónyuge, la pareja de hecho y los familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se incorporen al RETA, siempre y cuando no hubieran estado dados de alta en los 5 años inmediatamente anteriores y colaboren con aquellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, tendrán derecho a una bonificación de la cuota por contingencias comunes correspondiente a la base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla general de bases, durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50% durante los primeros 18 meses y al 25% durante los 6 meses siguientes.

Igualmente, los autónomos que disfruten del derecho al descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, tendrán una bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes correspondiente a la base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla general de bases, o a la elegida de la tabla reducida, en su caso.

Las autónomas que, habiendo cesado su actividad por nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia dentro de los 2 años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese, tendrán derecho a una bonificación, durante los 24 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, del 80% de la cuota por contingencias comunes correspondiente a la base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla general de bases o, en su caso, de la base de cotización que haya elegido de la tabla reducida.

Los trabajadores autónomos que sean beneficiarios de la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, a la que se refiere el capítulo X del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán derecho, durante el período de percepción de dicha prestación, a una bonificación del 75% de la cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la que inicie esta bonificación, el tipo de cotización para contingencias comunes vigente en cada momento, excluido el correspondiente a la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en el RETA.

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Con vigencia a partir del 31-12-2021, el Real Decreto Ley 32/2021 pasó a regular el contrato indefinido adscrito a obra en sustitución del contrato temporal de obra regulado en el convenio colectivo del sector de la Construcción.

El objeto de este «nuevo» contrato, son las tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de construcción concretas, teniendo en cuenta las actividades establecidas en el ámbito funcional del Convenio General del Sector de la Construcción.

En el artículo 24bis del VI Convenio Colectivo General del sector de la Construcción se ha desarrollado, con relación a este tipo de contrato, la regulación en materia de extinción por motivos inherentes a la persona trabajadora.

Así, al finalizar la obra para la cual el trabajador fue contratado bajo esta modalidad:

a) El empleador estará obligado a efectuar una propuesta de recolocación por escrito y con 15 días de antelación a la finalización del en la obra en que esté prestando servicios. En esta propuesta deberá concretar:

* las condiciones esenciales de la contratación,

* la ubicación de la obra,

* fecha de incorporación y

* las acciones formativas exigibles para ocupar el nuevo puesto, que será adecuada a dicho puesto, al nivel, función y grupo profesional que corresponda al empleado.

Si el puesto de trabajo ofrecido exige una cualificación profesional distinta a la del afectado, se le deberá ofrecer previamente un proceso de formación sufragado por la empresa, aunque podrá recurrirse a entidades especializadas como la Fundación Laboral de la Construcción y podrá desarrollarse con antelación a la finalización de la obra. La duración de dicha formación no podrá ser superior a 20h. Se deberá impartir dentro de la jornada ordinaria de trabajo, y si no fuera posible, se podrá impartir fuera de la jornada ordinaria pero el tiempo empleado tendrá la consideración de tiempo de trabajo ordinario y será retribuido a valor de hora ordinaria de la tabla del convenio aplicable o compensado en tiempo de descanso equivalente. En ningún caso tendrá la consideración de horas extraordinarias.

b) El contrato se extinguirá «por motivos inherentes a la persona trabajadora», si se produce cualquiera estas situaciones:

– el empleado rechaza la oferta de recolocación.

– las nuevas obras que tenga la empresa en la misma provincia no tengan la cualificación adecuada.

– inexistencia en la provincia de obras de la empresa acordes a su cualificación profesional, nivel, función y grupo profesional.

– exista un exceso de personas con la cualificación necesaria para desarrollar las mismas funciones y haya que aplicar el orden de prioridad:

1º el trabajador con más tiempo de servicio y experiencia en la empresa para el mismo puesto a ocupar en la nueva obra.

2º el trabajador con más tiempo de antigüedad en la empresa.

c) En todos los casos anteriores, a excepción del primero, el preaviso de la extinción del contrato se debe comunicar con 15 días de antelación, pudiéndose sustituir por el salario correspondiente a los días de preaviso omitidos.

d) La indemnización correspondiente será de importe equivalente al 7% de los conceptos salariales devengados durante la duración de su contrato.

e) Una vez extinguido el contrato por motivos inherentes a la persona trabajadora, ésta se encontrará en situación asimilada al desempleo y por tanto tendrá derecho a la prestación contributiva.

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Gestoría Henares factura

El pasado 29 de septiembre se ha publicado en el BOE la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

Entre otros muchos objetivos, esta Ley quiere promocionar el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales como medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil. Se trata además de una medida clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales.

Por ello, en su artículo 12, modifica la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, y en concreto, su artículo 2Bis que regula la Factura electrónica en el sector privado, de tal forma que:

* Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales.

* Las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas por empresas proveedoras de servicios de facturación electrónica a los empresarios y profesionales deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas y deberán cumplir los mismos criterios de interconexión e interoperabilidad gratuita con el resto de soluciones de facturación electrónica.

* Durante un plazo de cuatro años desde la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios podrán solicitar copia de las mismas sin incurrir en costes adicionales.

* El receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de una solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica predeterminado.

* Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa específica sobre facturación.

* Las empresas prestadoras de servicios deberán facilitar acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.

Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios puedan revocar el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en cualquier momento.

* Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros

* El procedimiento de acreditación de la interconexión y la interoperabilidad de las plataformas se determinará reglamentariamente.

El plazo para aprobar estos desarrollos reglamentarios será de seis meses desde la publicación de la Ley en el BOE, y previo a la aprobación del desarrollo reglamentario, el Gobierno abrirá un período de exposición pública del reglamento regulador de la factura electrónica, a efecto de presentación de alegaciones por parte de los interesados.

Este artículo 12 no entrará en vigor, para los empresarios cuya facturación anual sea inferior a 8 millones de euros, hasta 2 años después de aprobarse el desarrollo reglamentario, y además, dicha entrada en vigor está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

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Posted by: Gestoría | 19/10/2022

Nuevo Cese de Actividad (Paro de los autónomos)

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El Real Decreto Ley 13/2022 publicado el pasado 27 de julio en el BOE, y que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023, establece una nueva regulación del Cese de Actividad o también denominado paro de los autónomos

Tipos de cese de actividad

Podrá ser definitivo o temporal.

El cese temporal podrá ser:

* Total, que comporta la interrupción de todas las actividades que puedan originar el alta en el régimen especial en el que el autónomo figure encuadrado, por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.

Concurrirán alguno de estos motivos si:

1- Las pérdidas derivadas de la actividad en un año completo son superiores al 10% de los ingresos obtenidos en el mismo periodo anterior, sin contar el primer año de inicio de la actividad.

2- Existen ejecuciones judiciales o administrativas dirigidas al cobro de deudas que impliquen un mínimo del 30% de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

3- Se declare judicialmente el concurso del autónomo.

4- Teniendo trabajadores a su cargo, se reduzca la jornada de todos ellos un 60% o se suspendan los contratos laborales de al menos el 60% de la plantilla, y a su vez, en los dos trimestres fiscales previos a la solicitud del cese, se haya experimentado una reducción de ingresos de al menos el 75% respecto a los ingresos obtenidos en los mismos periodos en el ejercicio o ejercicios anteriores, y además, los rendimientos netos mensuales del autónomo durante estos dos trimestres, no alcance el SMI o la base de cotización por la cual viniera cotizando, si ésta fuera inferior.

5- Sin tener empleados, el autónomo mantenga deudas exigibles de acreedores (no se computan las de SS ni Hacienda) cuyo importe supere el 150% de los ingresos de los dos trimestres previos a la solicitud del cese de actividad, haya experimentado en dicho periodo una reducción de ingresos del 75% respecto al mismo periodo de ejercicio o ejercicios anteriores y sus rendimientos netos mensuales durante estos dos trimestres, no alcance el SMI o la base de cotización por la cual viniera cotizando, si ésta fuera inferior.

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* Parcial, cuando se produzca una reducción de la actividad, como puede ser por fuerza mayor debido a una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública competente que implique la interrupción de la actividad solo a un sector o centro de trabajo, y se produzca una caída de ingresos del 75% respecto de la actividad en el mismo periodo del ejercicio anterior, además de que los ingresos mensuales del autónomo no alcancen el SMI o su base de cotización si fuera inferior.

Cuantía de la prestación

El sistema de protección del cese de actividad consistirá en el cobro de la prestación económica correspondiente calculada en función de la base reguladora del autónomo, y en el abono de las cuotas del RETA.

Solo en los casos 4 y 5 anteriores el autónomo estará obligado a ingresar el 50% de la cuota del RETA, aunque lo percibirá del órgano gestor junto con la prestación correspondiente.

La base reguladora de la prestación económica será el promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. 

La cuantía se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, teniendo en cuenta que el importe máximo será el 175% del IPREM incrementado en una sexta parte, o del 200% en caso de que tenga un hijo a su cargo, o del 225% si tiene más de un hijo a su cargo y el importe mínimo será del 107% si tiene hijos a cargo o del 80% si no los tiene.

En los casos 4 y 5 anteriores, la cuantía se determinará aplicando el 50% a la base reguladora y no existen importes máximos ni mínimos.

Duración de la prestación económica.

La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos, 12 meses deben estar comprendidos en los 24 meses inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.

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