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El Real Decreto-ley 19/2020 viene a “modificar” lo regulado en el Real Decreto Ley 8/2020 referido a la formulación, aprobación y depósito de las Cuentas Anuales.

La nueva normativa desvincula del fin del estado de alarma a la reanudación de los plazos societarios suspendidos por el RDL 8/2020, de 17 de marzo.

El calendario definitivo que se establece en el RDL 19/2020 y solo con carácter excepcional para el ejercicio 2019 nos deja los siguientes plazos:

Formulación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales se formularán en un plazo de 3 meses desde el día 1 de junio de 2020. Queda por tanto como fecha límite para la formulación de las Cuentas Anuales el 31 de agosto de 2020.

Legalización de libros

La legalización de libros se hará en un plazo de 4 meses también desde la fecha 1 de junio, siendo por tanto su fecha límite el 30 de septiembre de 2020.

Aprobación de cuentas

El plazo para la celebración de la Junta General Ordinaria para la aprobación de las cuentas y la propuesta de la distribución del resultado se reduce de 3 meses a 2, por lo que se deberá reunir dentro de los dos meses siguientes a contar desde que termina el plazo para la formulación de las cuentas anuales. En definitiva el plazo para la aprobación de las cuentas anuales del 2019 finalizará el 31 de octubre de 2020.

Presentación y depósito de las cuentas anuales

El plazo para la presentación y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil será de un mes desde su aprobación, por lo que si la Junta Ordinaria aprueba las cuentas el 31 de octubre, este deberá realizarse antes del 30 de noviembre de 2020.

Impuesto de sociedades

Hacienda va a permitir la presentación de la autoliquidación normal del Impuesto de Sociedades sin que se haya realizado previamente la aprobación de las cuentas por los socios. No se modifica por tanto el plazo habitual del 25 de julio (27 de julio en 2020). Eso sí, se permitirá una segunda autoliquidación -complementaria o sustitutiva- del impuesto antes de acabar el mes de noviembre, cuando la sociedad haya podido definitivamente aprobar las cuentas.

Plazos ordinarios

Debido a que la declaración del Estado de Alarma se hizo en una fecha muy próxima a la del límite para la formulación de cuentas, es posible que muchas sociedades ya las tuvieran formuladas o al menos preparadas. En este sentido, este calendario con carácter excepcional para el año 2019 no impide que aquellas sociedades que lo estimen oportuno puedan formular las Cuentas Anuales durante el Estado de Alarma y realizar la legalización de los libros y el depósito en el Registro Mercantil en el plazo ordinario.

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Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos

Exención cotizaciones:

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el RETA que estuviera de alta y viniera percibiendo hasta el 30 de junio el CATA-COVID-19, tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:

  • 100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.
  • 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
  • 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.

La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.

Nueva prestación cese actividad ordinario compatible con la actividad:

Los autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio el CATA-COVID19, podrán solicitar la prestación por cese de actividad ordinaria, siempre que concurran los requisitos establecidos normalmente para la misma, a excepción de encontrarse en situación legal de cese de actividad, y que cumplan lo siguiente:

Deberán acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros (1,75 veces el SMI del trimestre).

Esta posibilidad, que será compatible con la actividad, supone un beneficio económico mínimo de 930 euros al mes por trabajador, ya que supone una prestación económica equivalente al 70% de la base reguladora más la exoneración de las cuotas por contingencias comunes.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con carácter provisional con efectos de 1 de julio de 2020 si se solicita antes del 15 de julio, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021.

A partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 2021, las mutuas recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas

Para acceder a esta prestación ordinaria compatible con la actividad, no es necesario esperar a que termine el trimestre. Los trabajadores autónomos que estimen que pueden ser beneficiarios de la prestación pueden solicitarla en cualquier momento. Posteriormente se realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos. Los autónomos tienen la posibilidad de renunciar a la prestación, antes del 31 de agosto, si ven recuperada su actividad.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada

Por primera vez se establecen ayudas específicas al colectivo de los autónomos de temporada. En su caso, podrán acceder a la prestación extraordinaria (del 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales) con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.

Podrán solicitar estas ayudas los autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en los citados regímenes como trabajadores autónomos durante al menos cinco meses al año durante ese periodo. Además, sus ingresos en 2020 no podrán superar las 1,75 veces el SMI (23.275 euros).

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Constitución

II Acuerdo Social en Defensa del Empleo: Medidas sociales de reactivación del empleo

Se prorrogan los ERTE hasta el 30 de septiembre con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales y el mantenimiento de la protección para las personas afectadas por ERTE.

Las personas afectadas por ERTEs derivados del Covid-19, tanto de fuerza mayor total o parcial como basados en causas productivas o los tramitados en caso de rebrote, gozarán de la protección reforzada: se les reconocerá la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0.

Creación del ERTE de transición:

Para las empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad, se crea esta nueva figura: el ERTE de transición. En estos casos, en los que todos los trabajadores de la empresa continúan suspendidos, las exoneraciones serán decrecientes.

Para las empresas con menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre.

En el caso de las empresas con 50 trabajadores o más, las exenciones en las cotizaciones sociales serán del 50%, del 40% y del 25% en julio, agosto y septiembre, respectivamente.

Prórroga del ERTE de fuerza mayor parcial:

Se prorrogan los ERTE de fuerza mayor parcial para las empresas que reincorporen a parte de su plantilla. En este sentido, la prórroga mantiene el espíritu actual de bonificar más a las empresas por los trabajadores activados que a los que se quedan suspendidos.

Para las empresas con menos de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 60% para los trabajadores activados y del 35% para los no activados durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Para las empresas con 50 y más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados durante los tres próximos meses.

ERTE por ETOP:

Los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) derivadas del Covid-19 iniciados antes y tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre y cuando, en este último caso, sean inmediatamente consecutivos a un ERTE de fuerza mayor, y hasta el 30 de septiembre de 2020, se podrán acoger a las condiciones en materia de exoneraciones a la cotización de los ERTE por fuerza mayor.

Nuevo ERTE excepcional:

Para casos excepcionales en los que una empresa tenga que cerrar su centro de trabajo como consecuencia de un rebrote de la pandemia, el ERTE deberá ser aprobado por la autoridad laboral, y se establece una exoneración en las cotizaciones a la Seguridad Social del 80% para los trabajadores inactivos, del 60% para los activos en el caso de las empresas de menos de 50 empleados, y del 60% para los inactivos y del 40% para los activos para las empresas de más de 50 empleados.

Requisitos:

  • Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, deberán mantener el empleo durante un período de seis meses.
  • Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos.
  • Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.
  • Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extras.
  • No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE.

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(continuará)

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases de la segunda edición de Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES II).

El programa MOVES II estará coordinado por el IDAE y gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios

Las diferentes líneas de financiación de MOVES II son las siguientes:

  1. la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables —hasta los 5.500 euros, en el caso de los coches 100% eléctricos—,
  2. la instalación de infraestructura de recarga y
  3. los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como
  4. la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo.

1.- Las ayudas para la compra de vehículos alternativos varían entre los 600 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo (coche, moto, furgoneta, autobús o camión), de su motorización (híbrido enchufable, eléctrico puro o gas, combustible reservado solo al transporte pesado porque las alternativas eléctricas no cuentan con suficiente desarrollo).

En el caso de los vehículos ligeros eléctricos, la subvención puede llegar a los 5.500 euros si incluye el achatarramiento del vehículo antiguo, que debe tener más de siete años. Si se opta por no achatarrar, la ayuda sería de 4.000 euros.

En esta primera línea de financiación, los beneficiarios pueden ser profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y entidades públicas vinculadas a ellas, administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado.

2.- En el caso del impulso a las infraestructura de recarga de vehículos eléctrico, claves en la electrificación del parque móvil, MOVES II establece un límite de ayudas de 100.000 por destinatario último y convocatoria. Serán de un 30 % o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario.

3.- En cuanto la financiación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, el límite de 100.000 euros y el coste subvencionable será del 30%.

4.- MOVES II apoya  a las empresas para implantar planes de Transporte al trabajo que, junto con el teletrabajo y otras medidas de organización, les permitan ofrecer mayores alternativas de transporte seguro y sostenible a trabajadores y clientes en estos momentos.

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Facilita RGPD es una herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos destinada a aquellos autónomos y empresas que realizan tratamientos de datos personales que, a priori, implicarían escaso nivel de riesgos como por ejemplo: tratamientos de datos de contacto y facturación de los clientes o proveedores de una pequeña empresa, o el tratamiento de los datos de sus empleados con la finalidad del mantenimiento de una relación laboral.

Es un programa de ayuda general y como tal no es perfecta para todos los casos porque puede haber peculiaridades de cada empresa que no pueden tenerse en cuenta.

Los documentos resultantes de la ejecución de este programa serán válidos en la medida que las respuestas facilitadas a cada una de las preguntas sean ciertas y son los mínimos indispensables para facilitar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, aunque su uso no garantiza su pleno cumplimiento.

Recientemente, además, ha presentado Facilita Emprende, una herramienta que ayuda a autónomos, pymes y micropymes tecnológicas en su adecuación a la normativa de protección de datos, y que ofrece un conjunto de recomendaciones de privacidad, seguridad y de gestión de riesgos para aquellos tratamientos que se caractericen específicamente por el uso de nuevas tecnologías.

‘Facilita Emprende’ está pensada para empresas con modelos de negocio que utilicen tecnologías como plataformas colaborativas, comercio electrónico, software en la nube (SaaS), desarrollo de juegos o aplicaciones web o análisis masivo de datos.

En concreto, está dirigida a desarrolladores, responsables y encargados de tratamientos que, debido al uso de nuevas tecnologías o al carácter innovador de los productos y servicios en los que trabajan, presentan características singulares para el cumplimiento y la gestión del riesgo que no permiten utilizar ‘Facilita RGPD’.

Este nuevo recurso de la Agencia es gratuito y fácil de utilizar, y se compone de una serie de cuestionarios guiados que ayudan al responsable a caracterizar el tipo de tratamientos que realiza su empresa. Al completar estos cuestionarios, cuya duración estimada es de 30 minutos, la herramienta genera un documento adaptado a los datos introducidos que sirve de guía para cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos. Asimismo, ofrece recomendaciones adicionales orientadas a servir de apoyo en estas necesidades de cumplimiento particulares propias de tratamientos que poseen un alto componente innovador.

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