El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2025, por el que se prorrogan y actualizan medidas clave de protección social en un contexto de estabilización económica, pero con persistencia de situaciones de vulnerabilidad social.
Entre las decisiones más relevantes destacan:
* ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, así como la extensión del plazo para que los propietarios puedan solicitar compensaciones económicas hasta enero de 2027. Esta medida responde al fuerte esfuerzo financiero que sigue suponiendo el alquiler para muchas familias, especialmente en zonas tensionadas
* prórroga de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y mantenimiento de la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, vulnerables severos y personas en riesgo de exclusión social hasta finales de 2026. Estas medidas se mantendrán mientras se despliega la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con horizonte 2030
* revalorización de las pensiones públicas en 2026 en un 2,7 %, conforme al IPC medio, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de más de nueve millones de pensionistas. La actualización afecta tanto a pensiones contributivas como no contributivas, clases pasivas y otras prestaciones sociales
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