Posted by: Gestoría | 21/03/2019

Subsidio por desempleo para mayores de 52 años

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El día 12 de marzo de 2019 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2019, de medidas urgentes en materia de protección social.

Como viene ocurriendo con los últimos Reales Decretos-Ley publicados, tendremos que estar muy pendientes de su convalidación (o no) en el Congreso (en el caso presente, en la Diputación Permanente), pues como ya ocurrió con el RDL 21/2018, es posible que tras su entrada en vigor, sea derogado a los pocos días al no contar con el respaldo necesario.

Este Real Decreto Ley, entre otras medidas, modifica la regulación del subsidio para personas trabajadoras mayores de 55 años en los siguientes aspectos:

* Se puede acceder a partir de los 52 años en lugar de los 55.

* Además de poder acceder quienes tengan cumplidos 52 años en la fecha de estar percibiendo o tener derecho a cualquier subsidio (por ejemplo, subsidio extraordinario o renta activa inserción) también podrán acceder las personas que anteriormente hayan agotado una prestación o subsidio por desempleo si desde entonces, se han mantenido inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, no teniéndose en cuenta las posibles interrupciones inferiores a tres meses o que correspondan a periodos de actividad.

* Para poder acceder a este subsidio y mantenerlo, únicamente se tendrán en cuenta las rentas de la propia persona solicitante o beneficiaria y no las de su unidad familiar.

* Si se continúan cumpliendo los requisitos exigidos, se percibirá hasta la fecha en la que se cumpla la edad de jubilación ordinaria y no solo hasta la fecha del cumplimiento de la edad para jubilarse anticipadamente.

* Durante el tiempo que se perciba, se cotizará para la jubilación y la base de cotización será el 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento, en lugar del 100% actual, con efectos desde el 1 de abril de 2019.

* Su cuantía será igual al 80% del IPREM (actualmente 430,27euros mensuales), aunque se esté desempleado por haber perdido un contrato a tiempo parcial. Se elimina el descuento a los que se encuentren percibiendo el subsidio.

* Se mantienen el resto de requisitos establecidos en la Ley para poder cobrar el subsidio para personas trabajadoras mayores de 55 años, y por tanto, será necesario haber cotizado por desempleo, al menos, durante seis años y justificar que en el momento de la solicitud se reúnen todos los requisitos, excepto la edad, para acceder a la pensión contributiva de jubilación en la Seguridad Social

Quienes actualmente tengan aprobado un subsidio para personas trabajadoras mayores de 55 años no tendrán que hacer nada, pues las nuevas medidas se aplicarán de oficio por el SEPE.

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El pasado 8 de marzo fue publicado en el BOE el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de “medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y ocupación”.

Como viene ocurriendo con los últimos Reales Decretos-Ley publicados, tendremos que estar muy pendientes de su convalidación (o no) en el Congreso (en el caso presente, en la Diputación Permanente), pues como ya ocurrió con el RDL 21/2018, es posible que tras su entrada en vigor, sea derogado a los pocos días al no contar con el respaldo necesario.

En este RDLey, entre otras medidas de igualdad, se introduce una nueva terminología para la prestación por maternidad y/o paternidad, denominándose a partir de ahora “prestación por nacimiento y cuidado de hijos“, puesto que a partir de la entrada en vigor de esta medida concreta, el próximo 1 de abril, se comienza con la ampliación del descanso por paternidad hasta su equiparación con el de maternidad, y su correspondiente prestación económica.

No podemos olvidar, que esta prestación “por nacimiento”, incluye también los supuestos de adopción, acogimiento o guarda legal (aunque en estos casos, el régimen progresivo de ampliación será diferente)

Así, se da una nueva redacción al art. 48 del Estatuto de los Trabajadores, para ampliar la suspensión del contrato o permiso por paternidad (ahora denominado permiso por nacimiento y cuidado de hijo) hasta las 16 semanas (1 semana más para cada progenitor por cada hijo nacido distinto del primero en caso de parto múltiple, o también en caso de nacimiento de hijo con discapacidad), estableciendo un régimen de transitoriedad de la medida.

La novedad más destacada, además de esta ampliación, es que:

* Para ambos progenitores las primeras 6 semanas de suspensión siguientes al nacimiento son obligatorias y a jornada completa.

* Y tras estas 6 semanas, el resto podrán distribuirse a voluntad de los progenitores en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida, a jornada completa o parcial, y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo cumpla 12 meses.

* No obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta 4 semanas antes de la fecha previsible del parto.

* El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días.

El régimen progresivo de ampliación de la suspensión del contrato del otro progenitor, por nacimiento, es:

– Desde el 1-4-2019: la suspensión es de 8 semanas. Las 2 primeras ininterrumpidas tras el parto

– A partir de 1-1-2020: la suspensión es de 12 semanas. Las 4 primeras ininterrumpidas tras el parto

– A partir de 1-1-2021: se produce la equiparación: la suspensión es de 16 semanas. Las 6 primeras ininterrumpidas tras el parto.

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4.- Medidas económicas y fiscales en materia de vivienda y alquiler

Se modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

* introduciendo 3 medidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

  • se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.
  • se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante su remisión a la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, al objeto de que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal.
  • se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica a la que podrán acogerse las viviendas sujetas a regímenes de protección pública en alquiler o viviendas en alquiler social en las que la renta está limitada por un determinado marco normativo.

* ampliando el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las Entidades Locales.

Se introduce una exención en los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1993.

La disposición adicional primera recoge un mandato al Ministerio de Fomento para asegurar que se dinamiza la oferta de vivienda en alquiler en España; con este propósito, se encomienda al Ministerio un conjunto de acciones a realizar, entre ellas la negociación con las administraciones sectorialmente competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición.

La disposición adicional segunda establece la creación de un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda y se recoge la posibilidad, ya desarrollada por parte de algunas comunidades autónomas, de la creación de sistemas de índices de referencia autonómicos, a los efectos de diseñar las políticas y programas públicos en materia de vivienda en sus respectivos ámbitos territoriales.

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2.- Reforma en el régimen de propiedad horizontal

La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, queda modificada como sigue, con objeto de impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad:

  • se incrementa hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad de que tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo 10.1.b) de la Ley 49/1960. Las comunidades de propietarios disponen de tres ejercicios presupuestarios para cumplir con este requerimiento.
  • se extiende la obligación de realizar tales obras de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
  • se recoge una reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada (3/5) necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de viviendas de uso turístico o puedan establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda (siempre que no supongan un incremento superior al 20% y siempre conforme con los términos establecidos en la normativa sectorial turística).

3.- Reforma en el procedimiento de desahucio de vivienda

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue:

  • deberá fijarse por el órgano judicial el día y la hora exactos de los lanzamientos.
  • se introduce el trámite de comunicación a los servicios sociales y, cuando afecte a hogares vulnerables, la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando el demandante sea persona jurídica.
  • los procedimientos arrendaticios se tramitarán por cuantía y no por materia, salvo los desahucios y reclamaciones de rentas que continuarán tramitándose por el juicio verbal especial. De esta forma se garantiza al arrendatario también pueda acudir al proceso de juicio verbal, proceso más ágil y económico que el de juicio ordinario, cuando la cuantía del procedimiento sea de inferior o igual a 6.000€, beneficiándose a su vez de la posibilidad de litigar sin abogado y procurador cuando la cuantía no supere los 2.000€.

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continuará

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Como contábamos el pasado diciembre, el 19 de dicho mes entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que no contó finalmente con el respaldo de la Cámara por lo que quedó derogado desde el 24 de enero de 2019.

Pues bien, con fecha 5 de marzo de 2019, se ha publicado de nuevo con la misma materia, el Real Decreto Ley 7/2019, que recoge pequeñas diferencias frente al anterior.

Esta nueva norma legal ha entrado en vigor el 6 de marzo de 2019, pero deberá convalidarse en el plazo máximo de 30 días por la Diputación Permanente del Congreso.

Este Real Decreto Ley se estructura también en cuatro títulos, en función de las modificaciones realizadas en las diferentes normativas relacionadas, como sigue:

1.- Reforma en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda

Se llevan a cabo modificaciones en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos entre las que destacan:

  • se establece en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de siete años
  • llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si no existe comunicación con al menos cuatro meses de antelación por parte del arrendador, o de dos meses del arrendatario de su voluntad de no renovarlo, se prorrogará tácitamente el contrato durante tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.
  • el adquirente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica, aunque el arrendamiento no conste inscrito en el Registro de la Propiedad
  • se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración.
  • se establece por Ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando éste sea persona jurídica.
  • se excluye del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico, suprimiendo la limitación de que éstas deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.

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(Continuará)

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