Posted by: Gestoría | 30/01/2020

Permiso de Paternidad para Autónomos

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Desde 2017 los trabajadores han ido incrementando el número de días de derecho a descanso por nacimiento de hijo, desde los 15 días hasta las 12 semanas en 2020. En 2021 serán 16 semanas, exactamente igual que para las madres, de ahí que el derecho haya pasado a denominarse desde abril de 2019: Permiso por Nacimiento y Cuidado del Menor (que incluye también la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar de duración superior a un año).

Requisitos:

– Estar dado de alta en el RETA y al corriente de pago.

Notificar el nacimiento (adopción o acogimiento) en los 15 primeros días de vida del recién nacido en una oficina de la Seguridad Social o, de manera telemática, para lo cual se debe disponer del DNI, Certificado médico del nacimiento o resolución judicial de adopción o acogida, Libro de Familia o certificado de inscripción del nacido en el Registro Civil y modelo oficial de solicitud cumplimentado.

– Haber cotizado un mínimo de 180 días durante los 7 años anteriores al momento del inicio del descanso o, 360 a lo largo de toda la vida laboral con anterioridad a dicha fecha, si el autónomo tiene 26 años cumplidos; si tiene entre 21 y 26 serán 90 días y 180 días cotizados respectivamente los que debe cumplir; y si tiene menos de 21 no se exige periodo mínimo de cotización.

Importe de la prestación:

La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio equivalente al 100% de una base reguladora que es equivalente a la de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Duración:

Dispondrás de un periodo de suspensión total de 12 semanas (16 semanas en caso de fallecimiento de la madre biológica), con la siguiente distribución:

* 4 semanas ininterrumpidas, obligatorias y que deberán disfrutarse a jornada completa inmediatamente después del parto.

* 8 semanas que podrán disfrutarse a jornada completa o parcial.

  • De manera continuada al periodo obligatorio.
  • De manera interrumpida, en periodos semanales (acumulados o independientes) desde la finalización de las 4 semanas obligatorias, hasta que el hijo/a cumpla 12 meses de edad.

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Posted by: Gestoría | 28/01/2020

Directiva europea de protección al denunciante

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El pasado 26 de noviembre se ha publicado en el DOUE la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con el objetivo de buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción.

Es un hecho que tanto en organizaciones públicas como privadas, los trabajadores son a menudo las primeras personas en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en el contexto de su puesto de trabajo.

Estos trabajadores podrían denunciar dichas amenazas o perjuicios para el interés público, lo que permitiría a las autoridades de los diferentes países afectados, a descubrir y prevenir esas infracciones y proteger el bienestar de la sociedad.

Sin embargo, los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias

Por esta razón, a través de esta Directiva:

* se otorga protección a las personas que realicen revelaciones públicas siempre que la infracción pueda suponer un peligro para el interés público, inminente o manifiesto, o exista riesgo de represalias o pocas probabilidades de que se solucione la infracción si se emplean medios externos convencionales. Estas personas no son solo los trabajadores propiamente dichos, sino también accionistas, consejeros, proveedores, etc.

* se creará obligatoriamente un canal interno de denuncias en las entidades públicas, y en aquellas empresas privadas con 50 o más trabajadores.

* se establece un catálogo de represalias prohibidas, que incluyen amenazas, despidos, degradaciones, discriminación, daños a la reputación, etc.

* se aplicará sobre determinadas infracciones como, las relativas a contratación pública, mercados financieros, seguridad sanitaria e intimidad personal.

* agotados los cauces internos se procederá a emplear los externos.

* las líneas de denuncia han de cumplir requisitos como: garantía de confidencialidad y tramitación diligente; acuse de recibo; establecimiento de unos plazos concretos y razonables o la designación de personas imparciales para tramitar las denuncias.

Los Estados miembros de la UE deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta Directiva, a más tardar el 17 de diciembre de 2021.  Aunque para las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, el plazo se amplía hasta el 17 de diciembre de 2023.

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Posted by: Gestoría | 23/01/2020

Ley de Transparencia y Participación de Madrid

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El pasado 1 de enero de 2020, entró en vigor la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, que desarrolla la anterior Ley 19/2013, de transparencia, en materias como la publicidad de la información y que incorpora un régimen de infracciones y sanciones disciplinarias y administrativas en la materia, con el objetivo de garantizar su cumplimiento.

Y es que en la actualidad, la transparencia se ha convertido en un requisito imprescindible para generar confianza y promover un mejor conocimiento por la sociedad de las entidades públicas y del sector fundacional.

Sujetos obligados

En ella se recoge la obligación de publicar la información que se establece en la propia Ley, con las adaptaciones que sean precisas, de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, así como a las demás entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, cuando las ayudas o subvenciones que perciban superen los 60.000 euros o cuando las mismas representen al menos el 30% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. (Fundaciones y Asociaciones principalmente)

Y finalmente, la obligación de suministrar información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o tengan vinculación contractual con los organismos y entidades públicas sujetas a la Ley.

Como sujetos obligados también están incluidas las personas o entidades obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia adscrito a la Dirección general competente en materia de calidad de los servicios y atención al ciudadano.

Información a suministrar

Debe ser objeto de publicación sin solicitud previa:

Información institucional, en materia organizativa, relativa a altos cargos y personal directivo, al personal eventual, en materia de empleo en el sector público, en materia de retribuciones, en materia normativa, relativa a los servicios y procedimientos, económico-financiera (presupuestaria y contable; ingresos y gastos; endeudamiento), del patrimonio, de la planificación y programación, de las obras públicas, de los contratos, de los convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios, sobre concesión de servicios públicos, de las ayudas y subvenciones, en materia ordenación del territorio y medio ambiente, y, por último, información estadística.

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La Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018 del Ayuntamineto de Madrid, establece una prohibición general de estacionamiento de vehículos sin distintivo ambiental (vehículos de categoría A) en las plazas de las Áreas de Estacionamiento Regulado (SER), que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2020.

Esta prohibición tiene las siguientes excepciones:

  • Residentes en su respectiva Área de Estacionamiento Regulado.
  • Vehículos comerciales e industriales que dispongan de autorización de estacionamiento SER.
  • Los vehículos auxiliares de apoyo a la operación del servicio de transporte público colectivo urbano general de uso regular.
  • Los vehículos de 2 y 3 ruedas.
  • Los  vehículos destinados a transportar personas que acrediten disponer y empleen la autorización especial para personas con movilidad reducida.
  • Y los vehículos destinados a servicios esenciales.

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